El Gobierno ha aprobado finalmente una nueva regulación para el sector fotovoltaico. Se trata de una rebaja de las primas del 45% para las instalaciones en suelo y un 25% para las de techo.

21 de noviembre de 1010.- Según el Ministerio de Industria, con estas medidas se podrán ahorrar más de 600 millones en subsidios hasta 2013. Sin embargo, el sector fotovoltaico esta decisión se ha tomado sin consenso con las empresas, un hecho que vuelve a reiterar la inseguridad jurídica porque limita el derecho a la ayuda a los 25 años de vida útil de la instalación.

Por un parte, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) asegura que “Es una medida retroactiva y claramente discriminatoria” y no descarta recurrirla.

De forma parecida se ha manifestado el presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) y de T-Solar, Juan Laso, que ha asegurado que estudian medidas legales para que no se implante la retroactividad de la ley.

A pesar de ello, desde Industria se dice que este nuevo decreto se ha publicado en beneficio de los consumidores, ya que el recorte a la energía fotovoltaica repercutirá en el recibo de la luz. Además, defienden que la nueva normativa “asegura una retribución suficiente para las instalaciones, atractiva para los promotores de nuevos proyectos, y garantiza un retorno a las inversiones realizadas”.

Si bien, el presidente de la Fundación Renovables y de la sección fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Javier García-Breva, considera que la reducción de las primas no debe considerarse lo peor de esta nueva normativa, sino que se va a “estrangular al mercado”, un hecho que tendrá, en su opinión, un efecto letal.