Según APPA, están en juego 4.000 empleos directos y la supervivencia de un sector renovable que ha invertido 1.400 M€ y que con la Orden podría facturar 7.000 M€ en el próximo cuatrienio 

6 de julio de 2011 – La resistencia de la industria española de biodiésel se ha agotado, después de más de cuatro años sufriendo la competencia desleal del biodiésel importado sin que el Gobierno haya aprobado medidas eficaces para impedirlo. La gota que ha hecho colmar la paciencia del sector ha sido la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero, de paralizar la aprobación final de la Orden de asignación de cantidades de biodiésel, cediendo al intolerable chantaje del Gobierno argentino, que amenaza con adoptar represalias contra los intereses de empresas españolas.

“Que Argentina se atreva a amenazar al Gobierno español es indignante”, asegura Alfonso Ausín, Presidente de APPA Biocarburantes, “pero aún lo es más que el Presidente Zapatero mantenga bloqueada una norma impulsada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que ha superado satisfactoriamente todos los trámites requeridos. Zapatero  tendrá que explicar a la opinión pública por qué mantiene paralizada la aprobación de esta Orden, condenando a muerte al sector del biodiésel en España”.

La inmediata entrada en vigor de esta Orden es absolutamente imprescindible para evitar el cierre definitivo de un sector que tiene ya completamente parado el 85% de su capacidad total instalada (4,3 millones de toneladas), con 34 de las 49 plantas detenidas y la mayor parte de las restantes funcionando al ralentí.

La industria española de biodiésel ha invertido cerca de 1.400 millones de € y creado más de seis mil puestos de trabajo (directos e indirectos) en los últimos

años. La grave crisis del sector, generada por las prácticas comerciales desleales –primero de Estados Unidos y ahora de Argentina e Indonesia–, ha provocado en los últimos cuatro años la pérdida de casi 3.000 puestos de trabajo directos, así como una merma acumulada de facturación para el sector de 1.800 millones de €.

La aprobación de la Orden permitiría no sólo salvar los 1.000 puestos de trabajo directos actualmente existentes, sino recuperar de forma rápida los niveles anteriores de empleo, estando en juego un mercado en España de más de 7.000 millones de € en los próximos cuatro años.